Introducción
Para lograr un México Incluyente, es indispensable construir un Gobierno cercano y moderno. Esta es la visión del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y para ello, señala que a través de políticas sociales se promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto incluye desarrollar políticas públicas con base en evidencia estadística. Asimismo, la presente Administración tiene como objetivo optimizar el gasto y rendir cuentas de los programas y recursos públicos invertidos, mediante la participación, a través del fortalecimiento de contralorías sociales comunitarias.
En este contexto y en el marco de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, señala la creación y diseño de un esquema de Contralorías Sociales, por parte de las Instancias Normativas, elaborar esquemas de Contralorías Sociales, como una herramienta que busca dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos que le sean asignados al mismo.
Con miras al cumplimiento de esta meta, en la XXVIII Conferencia Nacional de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia, se acordó por unanimidad implementar la Contraloría Social en cada una de las Entidades Federativas del País.
Por otro lado, cabe referir que el Programa Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, es una estrategia implementada por el Sistema Nacional DIF, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Meta Nacional II, México Incluyente, Objetivo 2.2, para dar atención a niñas, niños y adolescentes albergados en centros asistenciales públicos y privados. Este programa contiene acciones ejecutadas por los Sistemas Estatales DIF en cada una de las entidades federativas del país, teniendo como prioridades la Regularización Jurídica de Menores, la asistencia jurídica, la prevención del maltrato infantil y la restitución del derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, así como procurar que no se prolongue la estancia de niñas, niños y adolescentes en los albergues correspondientes.
Al tenor de lo anterior, resulta de suma relevancia contar con herramientas que garanticen la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, principalmente en aquellos programas cuyos objetivos son la protección los Derechos de la infancia y el bienestar de las familias mexicanas. La contraloría social, resulta el medio más idóneo para lograr este cometido.
